ARGENTINA: SECUESTROS, DROGAS Y VIOLENCIA

Julio A. Cirino¨

¿QUIEN CONTROLA LA CALLE?

El gobierno nacional parece seguir el mismo camino que el de la provincia de Buenos Aires; ambos pierden el control de la calle y en modo alguno pueden garantizarle su vida o sus bienes al ciudadano, si bien debemos reconocer que un excelente “manejo de prensa” permitió en los últimos meses del 2004 y los primeros del año en curso que los medios sólo pusieran en pantalla aquellos hechos que por su violencia y/o notoriedad fueran imposibles de ocultar a la opinión pública. En la provincia de Buenos Aires, la implementación del sistema de “incentivos” hace que las estaciones de policía se muestren más renuentes que nunca a escribir una denuncia, para poder mostrar estadísticas acordes al gusto del Secretario de Seguridad.
El mensaje es preocupante en extremo: Primero el estado no puede o no quiere defenderle, y si usted se defiende por su cuenta le pondremos preso y tiraremos la llave.
Segundo, el estado social-populista garantizará pingues indemnizaciones para las familias de todo criminal muerto “en acto de servicio” es decir delinquiendo.
La calle está controlada por tres fuerzas concomitantes: Los diversos grupos piqueteros, que deciden quién, dónde y cuándo puede circular. Los cartoneros ya asimilados a un trágico paisaje urbano, parte de la ciudad de Buenos Aires que nos regala Anibal Ibarra y finalmente por los criminales en todas sus modalidades que van desde los iniciales “pibes chorros” (endiosados por algunos) hasta las bandas más pesadas y profesionales y todo lo que se encuentra en el medio: levantadores, oportunistas, punguistas, escruchantes, escaladores, arrebatadores etc.
El imperio de la fuerza bruta se infiltró en la vida cotidiana que alcanza niveles de agresividad y violencia impensables – e inaceptables políticamente – en otras partes del planeta.

LO QUE FALTA ES VOLUNTAD DE ORDEN

El delito en todas sus formas es parte del violento paisaje nacional y no existen zonas o regiones seguras, hasta el ámbito rural, tradicionalmente a salvo de la criminalidad aparece como uno de los más golpeados ante la indiferencia general (lógico al campo no van las cámaras de televisión).
La palabra inseguridad está en todos los periódicos, las encuestas y los informativos. Cómo se termina con la inseguridad es tal vez la pregunta más repetida para especialistas y aficionados, pero es esta la pregunta correcta?
¿Cómo sociedad nuestro problema básico es la inseguridad? ¿O se trata de algo mas grave?
No será que la seguridad, o la falta de ella, es la consecuencia lógica y directa de una sociedad que tácitamente acordó consigo misma que desea convivir con el desorden y la transgresión de normas y reglas que hacen a la convivencia en toda sociedad organizada
El argentino refleja en sus comportamientos cotidianos que, desde su perspectiva la ley es el conjunto de normas que los otros deben cumplir para vivir en armonía y este es su punto de partida, la vida en libertad se alcanza al ser todos esclavos de la ley.
Durante años se nos repitió la idea que toda noción de orden era sinónimo de autoritarismo represivo; esta reiteración dio sus frutos con el tiempo, obsérvese que la palabra reprimir (utilizada profusamente por el código penal) es una expresión dictatorial, y su derivado: represor, es aún peor, se utiliza de 1.000 maneras distintas, todas descalificantes para señalar a cualquiera que pretenda en una situación dada, que se aplique una noción de ley y orden.
Simultáneamente es algo aceptado que “la necesidad crea derechos” con lo que la benigna actitud ante el antiguo “hurto famélico” se extiende ahora a conductas claramente tipificadas en los códigos y que nada tienen que ver con quienes sólo desean llevar algo de comida a su familia.
Esta tendencia incentivada por algunos medios y comunicadores ayuda a generar la falta de consenso social para el establecimiento de alguna forma mínima de orden social y a la vez produce paulatinos desplazamientos en las conductas que la sociedad acepta o condona y como lo demuestran estudios realizados tanto en Europa como en Estados Unidos las tolerancias se acrecientan y se instalan en una sociedad que quiere vivir en medio de un desorden anómico pero a la vez tener seguridad y eso... no existe.
Son muy diversos los modelos y tipos de orden social posibles en el planeta, desde Finlandia a Japón, desde Australia a Cuba, desde China a Gran Bretaña pero en todos los ejemplos hay algo en común, sin alguna forma de orden la vida en comunidad es casi imposible.
Durante la segunda semana de Febrero de 2005 asistimos a un motín de presos en una cárcel de máxima seguridad en la provincia argentina de Córdoba; dejemos de lado el análisis de lo que significa mantener una cárcel de máxima seguridad en medio de la zona urbana de una población; y detengámonos por un instante en el tratamiento que el tema recibió en muchos medios masivos: Quienes intentaban sofocar el motín, recibían rutinariamente el adjetivo “represores” por parte de pseudo-periodistas; la acción era de “reprimir a los reclusos”; se explicaba a la audiencia que los condenados viven en situación de hacinamiento y con importantes falencias (diría que como casi el 40% de la población argentina).
Se realizaban constantes “entrevistas” a los familiares de los detenidos, alguno de los cuales, segundos antes instigaba a su pariente para que arrojara al vacío a los rehenes. Como es de esperar frente a las cámaras de la televisión, los condenados representaban las virtudes de la conocida Madre Teresa de Calcúta, a pesar que purgaban sentencias de por vida en una prisión de máxima peligrosidad.
La incapacidad del estado para reaccionar llegó a extremos asombrosos; aún cuando se mostraba ante las cámaras de televisión a los internos armados con armas largas, fusiles y pistolas ametralladoras, se seguía insistiendo en que se trataba de víctimas “del sistema”. Una veintena de reclusos tomó un camión por asalto, e intentó huir utilizando a un guardiacarcel como escudo; fueron interceptados y se generó un enfrentamiento con muertos y heridos. Conclusión de la prensa: la innecesaria violencia policial causó los muertos.
No hay duda que tanto guardia cárceles cuanto policías deben mejorar su calidad profesional, pero tampoco hay duda que esto depende de la existencia de voluntad política y de presupuestos adecuados para alcanzar y mantener la necesaria calidad técnica profesional, en otras palabras, una policía de calidad, no es barata.




CRIMEN Y DESARROLLO

El crimen violento y visible emerge como un serio obstáculo para el desarrollo, tanto en Argentina cuanto entre nuestros vecinos – tal vez con la excepción de Chile --. El delito en las calles disminuye el crecimiento económico y deteriora la calidad de la vida democrática.
El espiral criminal en Argentina es ya epidémico y tiende a empeorar en el corto plazo, cuando una oleada criminal como la que vivimos se instaura, la criminalidad deja de ser accesoria o circunstancial, se convierte en un “modo de vida”, es un trabajo más, reconocido como tal y aceptado pasiva o activamente por el núcleo social que rodea al delincuente; por esta razón la oleada criminal se retroalimenta y se auto-perpetúa en el tiempo.
Otro dato a tomar en cuenta es la proliferación de las bandas “familiares”. En otras épocas el hecho que un miembro de una familia fuera delincuente era algo que su familia no sabía (o pretendía no saber) o era algo que la familia ocultaba al resto de la sociedad, en suma no era algo de que alardear. La aparición cada vez más común de familias de delincuentes cambió todo esto, ahora quién delinque, lo hace a la vista de su grupo familiar y muchas veces sus vecinos también conocen – y en algunos casos se benefician – de sus actividades. En síntesis de idea de la “condena social” a quien delinque prácticamente desapareció, y solamente se la ha visto funcionar en algunos casos aberrantes.
Es algo reconocido en estudios tanto del Banco Mundial cuanto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que la actividad criminal genera aumentos directos e indirectos en los niveles de pobreza e indigencia ya sea por la pérdida de vidas; la destrucción de propiedad; horas de trabajo perdidas; pérdida de inversiones nuevas o no ampliación de las ya existentes al calcularse en los costos la incidencia de las acciones criminales.
En una serie de estudios encarados por el Banco Mundial se encontró que el 67% de las empresas encuestadas señalaban al delito como un obstáculo concreto para sus operaciones y también señaló que el PBI de la región podría llegar a crecer hasta un 25% si sus índices de criminalidad fueran similares a los del resto del mundo.

CRIMEN GLOBAL

En todo el hemisferio se produce además un aumento en la “globalización del crimen” que hace de los delitos mayores, cuestiones transnacionales que no pueden ser enfrentadas con los tímidos acuerdos regionales que se limitan más que nada a la firma de declaraciones y acuerdos que poca incidencia tienen en la integración efectiva de la lucha.
El funcionamiento de grupos que operan en forma transnacional se manifiesta en Argentina en las siguientes actividades:
1. Robo de vehículos de alto costo y utilitarios 4 X 4 que regularmente son sacados del país, o bien llevados a desarmaderos para convertirse en repuestos
2. Tráfico de armas. Tanto armas producidas localmente que van por lo general a Brasil, cuanto armas que ingresan por distintas rutas al país. El otro mercado de armas clandestino está vinculado a aquellas que se incautan y que luego se “pierden” en medio de la maraña judicial y reaparecen en manos de delincuentes, lo mismo sucede con algunas de las que son designadas para su destrucción.
3. Tráfico de bienes falsificados (las llamadas “marcas truchas”) que abarca un multimillonarios negocio que va desde cosméticos a electrónica, pasando por bebidas, óptica, ropa, calzados o cigarrillos. Muy a menudo esta área de la criminalidad aparece vinculada a la acción del crimen organizado de origen Chino.
4. Tráfico ilegal de personas. Actividad que tuvo altibajos en los últimos años y que despierta particular preocupación internacional en la medida en que estas redes pueden ser utilizadas por grupos terroristas para el transporte de células operativas.
5. Tráfico ilegal de precursores químicos – como el ácido sulfúrico o la acetona – indispensables para la elaboración de la cocaína.
6. Tráfico ilegal de cocaína, heroína, y drogas de diseño – sintéticas – que en su mayoría provienen de Europa, mientras que la cocaína y el crack proceden mayoritariamente de Bolivia y Colombia.
Estas actividades que mencionamos, a modo de ejemplo, implican la operación de bandas transnacionales organizadas de manera jerárquica y con capacidades y contactos tales que pueden operar negocios millonarios trasladando la “mercadería” de un punto a otro del planeta.
Carteles colombianos (se estima que unos 200 pequeños carteles operan a partir de la desaparición de los tradicionales), diversos grupos rusos con base regional en Miami, mafia Coreana, Tríadas Chinas, Yakusa de Japón, con base regional en Brasil y conglomerados delictivos familiares de México, Bolivia y Paraguay son algunos de los que operan en nuestro país, por supuesto en acuerdo con las bandas locales.
En el “negocio” de los secuestros extorsivos que se mantiene agudamente vigente, hasta el momento, no parece haber bandas transnacionales operando, sino más bien experimentada delincuencia telúrica, que en los últimos tiempos agregó a su método de trabajo la mutilación de las victimas como forma de aumentar la presión psicológica sobre las familias

LA TERRITORIALIZACIÓN DEL DELITO

Proceso que comenzó en Brasil hace ya más de una década y que tiene dos vertientes para su análisis: Por una parte la territorialización entendida en sentido clásico, es decir las áreas de alto riesgo en las zonas urbanas y semi-urbanas. Las mismas aparecen en los “mapas del delito” y tienen relación con el número de hechos criminales que se producen en un sector crítico, por ejemplo las zonas donde más operan los piratas del asfalto, o las zonas preferidas para los secuestros al boleo.
La otra acepción de la noción de territorialización está vinculada al narcotráfico. El ejemplo que se considera típico, es el que se produce en las favelas de Sao Paulo y Río donde no solamente existen bandas jerárquicamente estructuradas sino una territorialidad que nada tiene que ver con lo político sino con el control de los puntos de expendio de la droga, por esa razón las bandas libran verdaderas batallas y planean “invasiones” para lograr establecer un control armado sobre los mejores puntos – en cuanto al volumen de clientes que concurren a ellos -- .
En Brasil, las bandas no solamente no buscan la confrontación abierta con el estado sino que actúan como verdaderos “escuadrones de la muerte” respecto de quienes comenten crímenes en sus territorios que el “chefe da favela” considera son malos para el negocio; por ejemplo asaltar a un cliente potencial que se dirige con su coche a un “fumo” a comprar.
En Argentina la mecánica no es exactamente igual, si bien la “villa” cumple – hasta cierto punto – una función parecida a la favela; sin embargo no existe acá la estructuración jerárquica que hay en Brasil; pero además en nuestro país coexisten diversas estructuras descentralizadas de distribución. Algunas operan en pequeña escala en ciertos kioscos, otras en algunas estaciones de servicio, las hay permanentemente en todos los “boliches bailables” y existe también un sistema de delivery para los clientes regulares.
La distribución y venta de las llamadas drogas de diseño en sus diversas formas y variantes es algo tan común en el ambiente donde se mueven adolescentes y jóvenes que, independientemente del hecho de consumirlas o no, conviven con ellas y forman parte de su entorno habitual.
La descentralización del sistema de “dealers” genera multitud de vendedores pequeños (que suelen ser también consumidores) fáciles de individualizar pero irrelevantes para el negocio global. Asimismo la cercanía relativa de Bolivia y la permeabilidad de la frontera tientan a criminales que cuentan con algo de efectivo a realizar “compras directas” en cantidades relativamente pequeñas, por cierto que el dinero necesario para ello es el producido de previos delitos.
Otro dato que viene a completar el panorama es la guerra entre bandas que se evidencia en ataques individuales pero también en secuestros; secuestrar a un narco tiene sentido en el mundo criminal, la banda no va a acudir a las autoridades y además tienen con qué pagar: cash, merca o una mezcla. Virginia Messi, del diario Clarín, detalló en septiembre de 2003 las luchas y secuestros recíprocos y estimó que entre 2000 y 2003 no menos de 10 jefes narcos o sus familiares directos habían sido secuestrados, las más de las veces por bandas rivales.



PURGAS Y MAS PURGAS

Una mirada a la realidad nos muestra que las instituciones policiales perdieron de vista (al igual que muchos políticos) cuál es su función esencial y tomando esto como punto de partida pueden señalarse varios procesos que se desarrollan en forma simultánea:
1. Depauperación salarial en todos los niveles, problemas de vivienda, vestuario y atención médica.
2. Aumento paulatino de los niveles de “tolerancias” internas (de la pizza a la zona liberada) que van provocando deslizamientos hacia el delito en no pocos efectivos.
3. Creciente desinterés por la tarea profesional con el consiguiente decaimiento de la calidad del trabajo policial lo que se traduce en una cantidad de delitos que en la práctica se archivan sin siquiera intentar una investigación.
4. Ingreso creciente del dinero proveniente de las actividades del narcotráfico – mucho más significativo que los montos procedentes de la prostitución y el juego clandestino – que aumenta los índices de corrupción en forma geométrica.
5. Creciente hostilidad entre la policía y la población en general, fruto en parte de la falta de respuesta que encuentra el ciudadano en la fuerza y en parte en la reiteración mediática de la satanización de la función policial.
6. Falta de interés por parte de la conducción en el mejoramiento técnico profesional lo que hace que no exista ni presupuesto ni oportunidades para mejorar la aptitud profesional.
7. El dinero del delito permea a los estratos políticos y los asocia a la corrupción por medio de las “cajas” para hacer política, a esto se suma la corrupción promovida por los abogados “saca presos” y la existencia de jueces venales. Esto establece verdaderas cadenas de complicidades entre policias corruptos y sociedad corrupta.
La realidad policial puede resumirse en: Desconfianza mutua entre la fuerza y la conducción política; ruptura efectiva de la cadena de mandos; inacción que se generaliza y que es la consecuencia lógica de la actitud de la conducción política ante cualquier situación violenta; si la policía interviene las furias del poder político y del progresismo mediático caen inmediatamente sobre los “represores”; consecuencia, la policía pasa a ser un observador más de la violencia que va escalando impune.
La ingerencia personal del Jefe de Estado en la separación de sus cargos de altos jefes de la Policía Federal de quienes luego nos enteramos que a pesar de los fulminantes titulares de alguna prensa, están en “disponibilidad” es decir que legalmente, continúan perteneciendo a la fuerza y ni uno solo de ellos está en prisión por los delitos que supuestamente habrían cometido, no contribuyó precisamente a levantar la moral de la fuerza.
Hay quienes aseveran que según el Presidente Kirchner la Policía Federal debería dejar de existir y de hecho en el plan que publicitó el ahora ex ministro Beliz, se crea en fecha aún no definida, una especie de Agencia Federal que reemplazaría a la Policía, esto se complementaría con la policía comunitaria – para la capital federal – a la que se asignarán inicialmente 500 hombres (lo que se traducirá en una realidad de 150 hombres en cada uno de los tres turnos en que se divide la jornada) para realizar tareas no especificadas complementando a la dotación de 8000 efectivos que cubren las comisarías, anunciado esto con toda pompa a mediados de 2004, en febrro de 2005 aún no se tienen noticias concretas que este proceso se este llevando a cabo.
En la provincia de Buenos Aires el panorama es más confuso aún, no solamente porque las purgas son casi una rutina diaria, sino porque el llamado Plan Arslanian es un verdadero compendio de buenos deseos pensados para un país como Francia con un presupuesto como Suiza, pero que choca de frente con una realidad dramática: La fuerza policial está literalmente paralizada y quienes han quedado a la espera de la próxima purga evitan cruzar un semáforo rápido no sea que esto traiga problemas.
Hasta hoy el ministro no logró algo tan elemental como es dotar a la policía de comunicaciones seguras, ni que decir lograr que todos los móviles dispongan de radiocomunicación. Actualmente la policía de la provincia de Buenos Aires, la gendarmería, la prefectura y la policía federal carecen de una forma segura de comunicarse el uno con el otro. Recientemente se inauguró con grandes titulares un sistema “similar al 911”, en realidad es un “call center” que nada tiene que ver con el sistema 911 y que además tiene serias limitaciones geográficas y técnicas, pero que sirvió para generar titulares en los diarios.
Un dato más, el subcomisario Adrian Bonda al asumir su cargo como jefe de la comisaría primera de La Matanza (municipio de unos 320.000 habitantes) declaraba al diario La Nación (Domingo 13 de Junio de 2004) que disponía de un efectivo de 80 hombres – divididos en tres turnos – para atender a su jurisdicción, un policía cada 12.000 habitantes.
¿Es necesario explicar más...?